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CORREO: MACRI VUELVE A INTENTAR ESTAFAR AL

En línea con la oferta “ruinosa y abusiva” que hizo el grupo Macri en 2016 para perdonarse casi la totalidad de la deuda del Correo con el Estado –y que reveló en exclusiva Nuestras Voces–, vuelve a la carga con una propuesta de similares características: para saldar su deuda, el grupo Macri ofreció ahora un inmueble que el Estado considera propio y sobre el cual el grupo reclama también una indemnización.

Esta oferta ya había sido rechazada por la Corte Suprema de Justicia en 2009.

El grupo Macri no ahorra en maniobras para enmarañar la resolución del concurso preventivo del Correo Argentino S.A, una de sus firmas que mantiene una deuda de más de $4.000 millones con el Estado, según precisó la Justicia. El 28 de mayo pasado, la empresa postal presentó una nueva propuesta irrisoria para cancelar su acreencia, que ya lleva 17 años: ofreció como pago un inmueble en Monte Grande, que está envuelto en más de una polémica y que es donde hoy centraliza sus operaciones el Correo Oficial. Para colmo, en 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había establecido en este mismo expediente que el pasivo no se puede saldar mediante una “compensación”, es decir, de esa manera. La nueva oferta se da luego del escándalo que provocó el frustrado acuerdo de junio de 2016 –que reveló en exclusiva Nuestras Voces en 2017–, cuando el gobierno de Mauricio Macri le aceptó al Correo una forma de abonar que equivalía a condonar el 98,82% de su deuda. La fiscal general Gabriela Boquin, quien detectó la maniobra, definió aquel pacto como “ruinoso” y “abusivo”. El caso terminó en una causa penal que tramita en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo.

Las irregularidades en torno a la nueva propuesta se multiplican:

– La Corte ya había rechazado una maniobra semejante en este caso en 2009 cuando estableció que la deuda no se puede saldar vía “compensación” (tres ministros cortesanos de aquel entonces, continúan en sus cargos: Ricardo Lorenzetti –también entonces era el presidente del Tribunal Supremo–, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco).

– El Correo inició acciones contra el Estado para reclamar el edificio que ahora ofrece como propio: es que pasó a manos estatales en 2003, cuando cayó la concesión. Así las cosas, presenta el inmueble como forma de pago pero por otro lado, reclama una indemnización por daños y perjuicios porque se lo quitaron.

– Se reexpresa el valor de la planta de Monte Grande sin justificar el mecanismo: los representantes de la firma postal dicen que cuesta $950 millones cuando, según la última tasación oficial, valía $41 millones al 2003. A la par, se congela la deuda que la empresa mantiene con el Estado, que al 2001 en plena convertibilidad, era de $296 millones.

– Mientras propone el inmueble, el Correo no abandona sus litigios millonarios contra el Estado. Acumula cinco. Por ejemplo, en 2016, cuando realizó su oferta “abusiva”, demandó al Estado por daños y perjuicios por $570 millones más intereses al 11% anual cuando en su propuesta ofrecía el 7%.

La nueva oferta

“En esta oportunidad se ofrece mejorar los términos de la propuesta del 28 de junio de 2016, ofreciendo al Estado Nacional, en pago de su acreencia, el 100% del inmueble –compuesto por su terreno y edificio– sito en la planta donde a la fecha opera el Correo Oficial de la República Argentina – Localidad de Monte Grande – Pcia. De Bs As- esto junto con todo lo plantado y edificado sobre el mismo al igual que con sus mejoras y equipamiento”, se desarrolla en el apartado “2”, titulado “Mejora de Propuesta”, de la nueva propuesta que se presentó el Correo ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, que debe homologar lo que acuerden las partes. El documento lleva la firma de Jaime Robirosa, presidente de Correo Argentino S.A, y del abogado Jaime Kleidermacher.

A la hora de referirse al valor del inmueble aseguran que asciende a $952.256.802, al 30 de abril pasado. No se cita la forma en que se llegó a esa cifra. “Este importe surge de reexpresar la valuación determinada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación” que, según la firma, lo había valuado en $60 millones, el 7 de abril de 2009. Cómo fue que el bien en cuestión aumentó un 1500% es una incógnita que no se salda en las cuatro páginas en las que se extiende la presentación del Correo. Por cierto, nada se dice sobre el valor de la deuda, que a contramano del inmueble la firma postal pretende que quede congelada en $296 millones después de casi dos décadas.

La omisión no es azarosa. De acuerdo a los cálculos que realizó la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, la deuda en la actualidad se ubica en torno de los $4.000 millones.

Los representantes del Correo prefieren mirar para otro lado. Por eso sostienen en su planteo que la suma “reexpresada” de más de $950 millones “importa la cancelación integral del crédito verificado por el Estado Nacional en estos actuados”.

Según informaron fuentes judiciales, en el 2006, 2007 y 2008 el Correo ya había intentado introducir el inmueble en la negociación pero la Corte cerró la vía de esta compensación en 2009.

Ahora, la Cámara Comercial ordenó trasladar la propuesta al Estado, que tiene 15 días de plazo para responder. ¿Qué dirá el gobierno de Mauricio Macri, que está siendo investigado penalmente por la negociación anterior, sobre la flamante oferta?

Luego deberán opinar los síndicos y, finalmente, la fiscal general ante la Cámara Comercial, la mentada Gabriela Boquin.

La fiscal del caso

Boquin fue quien destapó el Correogate en febrero de 2017, cuando hizo público el acuerdo “abusivo” para el Estado. Fue tal el escándalo desatado a partir de la denuncia, que se abrió una causa penal en los tribunales federales de Comodoro Py y Macri tuvo que desandar los pasos que había dado.

Para la fiscal, la propuesta que se había aceptado equivalía “a una condonación”: se aceptaba una quita de la deuda de más de $4 mil millones en la actualidad y más de $70 mil millones a 2033.

Desde entonces, la procuradora se transformó en una enemiga para la Casa Rosada y el Grupo Macri, que intentan desplazarla del caso.

Por ejemplo, la firma postal de la famiglia intentó que se la suspenda en sus funciones en una de las dos causas principales en las que se divide el affaire del Correo en el fuero comercial: el que profundiza en el vaciamiento de la empresa. Pero la Cámara de Apelaciones en lo Comercial rechazó el pedido, el 2 de mayo.

Para el Correo, Boquin no tiene facultades para investigar. Su postura fue rechazada tanto en primera como en segunda instancia. Y el pasado 2 de mayo se resolvió un recurso extraordinario por el que se quería llegar a la Corte Suprema con esa tesis. Si la Cámara concedía el recurso –presentado en diciembre-, la fiscal general hubiese visto coartadas sus funciones en este tema hasta tanto y en cuanto el máximo tribunal del país abordase el caso. Era una forma “elegante” de apartarla. La Corte no tiene plazos para resolver.

A través de esta ramificación, que sigue su curso, Boquin puede acceder a los libros contables de dos empresas insignia del Grupo, que se habrían beneficiado con la maniobra de vaciamiento: SOCMA y SIDECO, controlantes de Correo Argentino S.A.

Por eso, continúan las presiones sobre su persona como sobre varios de los fiscales intervinientes en el Correogate.

Por ejemplo, el fiscal Juan Pedro Zoni, quien investigaba la pata penal, fue desplazado del cargo con una formalidad, justo cuando pedía al juez una serie de allanamientos en dependencias del Estado y cerraba el círculo de la pesquisa en torno a la responsabilidad del Presidente. Zoni se había basado en un informe realizado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a cargo de Sergio Rodríguez, quien analiza delitos de corrupción o irregularidades cometidas por funcionarios públicos. Rodríguez fue denunciado por el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y amigo de Macri, Gustavo Arribas, en el marco de un expediente relativo al Lava Jato. La avanzada sobre ambos provocó suspicacias en tribunales.

Acaso, ante este escenario gane potencia un episodio descripto en el libro “Radiografía de la corrupción PRO” (Planeta, 2018). El 15 de octubre de 2016, cuatro meses después de la rúbrica del escandaloso acuerdo entre el Correo y el Estado macrista, mientras se encontraba en España, Boquin sufrió un extraño robo. Relatan los autores de la obra, Julián Maradeo e Ignacio Damiani: “La cámara de seguridad ubicada en el frente de su casa enfocaba la operación que estaba llevando a cabo un hombre. El video muestra cómo, antes de sacar cuidadosamente el vidrio trasero del auto personal de Boquin, se pone un par de guantes. Secundado por un auto, tranquilo, con oficio, comenzó a revisar copias de diferentes expedientes. Entre ellos, se encontraban los vinculados al Correo Argentino. Muchos desaparecieron. Las especulaciones giran en torno a que en realidad buscaban el proyecto del futuro dictamen, que finalmente se conocería en febrero de 2017”. La causa por el robo de documentación recayó en la fiscalía de José María Campagnoli. A diferencia del Correogate, prácticamente ese expediente no se movió.

Ahora, ante la reciente oferta de la empresa postal, la figura de Boquin vuelve a ganar protagonismo.

NOTA: NUESTRAS VOCES

 

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