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MACRI QUITÓ NUEVOS DERECHOS POR DECRETO

El presidente disolvió los organismos que se ocupan de los temas de discapacidad y lanzó un nuevo ente de manera inconsulta, reduciendo personal y acotando funciones. Desde las organizaciones que trabajan el tema aseguran que “fue algo puramente mediático.

Dijeron que se consultó, pero no hemos sido consultados en ningún momento”. Por una convención internacional con rango constitucional el presidente debió haber consultado antes con el sector.

La quita de pensiones por discapacidad que realizó el Ministerio de Desarrollo Social meses atrás, fue sólo la punta del iceberg. A través de Decretos de Necesidad y Urgencia, sin debate legislativo ni audiencias públicas, el oficialismo eliminó la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS) y la Comisión de Pensiones Asistenciales, ambas dependientes del ministerio que encabeza Carolina Stanley. Además, en su lugar, el Poder Ejecutivo creó la Agencia Nacional de Discapacidad, un ente que absorbería sus funciones pero bajo la órbita de Presidencia.

La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo – encargada de revisar los decretos de necesidad y urgencia – rechazó las modificaciones impuestas. Sin embargo, el oficialismo desoye a la Bicameral, y continúa limitando derechos por decreto.

“Hay un nuevo modelo de suspensión de derechos”, afirmó a Nuestras Voces Vanira Suleiman, abogada de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI). Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) también denunciaron la maniobra: “Ya no peleamos por mejorar, sino que rogamos por no retroceder”.

Un plan que no fue

“Nos vamos a dedicar a trabajar mucho, todos juntos, para construir este plan. Todos juntos vamos a trabajar para que el tema de la discapacidad pase a ser un tema muy distinto a lo que es hoy”, afirmó Gabriela Michetti junto a Mauricio Macri cuando, seis meses atrás, presentó el Plan Nacional de Discapacidad.

Sin embargo, las organizaciones que nuclean a personas con discapacidad aseguran que el lanzamiento fue una más de las estrategias de marketing llevadas adelante por el oficialismo. “Fue algo puramente mediático. Dijeron que se consultó, pero no hemos sido consultados en ningún momento. La vicepresidenta tuvo un discurso muy ambiguo y sin profundizar en las medidas”, afirmó Uriel Weicman, coordinador de la REDI.

A raíz de esta desinformación, y luego de que desde el ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley se eliminaran cientos de pensiones por discapacidad, la REDI realizó un Pedido de Acceso a la Información Pública para exigir explicaciones: “sus metas, indicadores, plazos, presupuesto asignado y áreas administrativas involucradas”.

Para las organizaciones, la respuesta del gobierno fue casi tan vacía como su presentación. Así lo expusieron en el Informe Alternativo sobre la situación de las Personas con discapacidad: “La respuesta obtenida dista de brindar claridad ya que se circunscribe a citar tres ejes del Plan ’inclusión, heterogeneidad y compromiso comunitario’. El Plan carece de sustento y no tiene una existencia real en el entramado institucional estatal, al no evidenciarse un expediente que dé trámite al mismo y legitime su implementación, la falta de contenido y acciones concretas, así como tampoco un presupuesto asignado para su ejecución”.

 

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